La Sala aprobó en general la idea de legislar un marco integral para la salud mental. El proyecto apunta a coordinar políticas públicas, reforzar derechos en la atención y consolidar un modelo comunitario, aunque sigue abierto el debate sobre implementación, recursos y tiempos.
La discusión sobre salud mental en Chile volvió al centro de la agenda legislativa a la par que se retomó la actividad en el Congreso Nacional. La Sala del Senado aprobó en general la idea de legislar el proyecto que establece una Ley Integral de Salud Mental, y fijó un plazo hasta el 19 de marzo de 2026 para que senadores y senadoras presenten indicaciones antes de su votación en particular.
En este sentido, el avance no significa que la ley esté lista para promulgarse. La aprobación en general permite discutir y modificar el contenido del proyecto antes de su versión final, etapa en la que suelen definirse los aspectos más concretos de implementación.
El objetivo central de la iniciativa es promover y proteger la salud mental y el bienestar de todas las personas a lo largo de su vida, además de fortalecer el abordaje de los trastornos de salud mental dentro del sistema sanitario.
Un enfoque basado en derechos
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que incorpora explícitamente un enfoque de derechos humanos en la atención de salud mental. Esto implica que el diseño de políticas públicas, los tratamientos y las prestaciones sanitarias deben respetar la dignidad y autonomía de las personas.
La propuesta también busca fortalecer mecanismos de prevención de vulneraciones de derechos dentro de los servicios de salud mental, con supervisión de organismos del sistema sanitario.
Este enfoque de la iniciativa legal se alinea con recomendaciones internacionales que promueven una atención más centrada en las personas y menos dependiente de modelos institucionales tradicionales.
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Coordinación entre distintas áreas del Estado
Otro de los pilares del proyecto es la creación de una estructura de coordinación intersectorial. Para ello se plantea un Comité Interministerial de Salud Mental encargado de diseñar y proponer la Política Nacional de Salud Mental y su correspondiente plan de acción.
La iniciativa considera la participación de varios ministerios, entre ellos Salud, Hacienda, Desarrollo Social, Educación, Trabajo, Vivienda, Justicia y Deporte, entre otros.
La idea central es que la salud mental no sea abordada exclusivamente desde el sistema de salud, sino también desde políticas sociales, educativas y laborales.
Más información para tomar decisiones públicas
El proyecto también contempla la generación de información estadística que permita evaluar las políticas públicas en salud mental.
Entre otras medidas, se propone la realización periódica de una Encuesta Nacional de Salud Mental que permita monitorear la evolución de indicadores relevantes, así como evaluar el impacto de las estrategias implementadas por el Estado. Asimismo, el disponer de datos actualizados es considerado un elemento clave para diseñar políticas sanitarias basadas en evidencia.
Hacia un modelo de atención comunitaria
En el ámbito sanitario, la propuesta refuerza un modelo de atención comunitaria e integrado al sistema general de salud. Esto significa fortalecer la atención primaria, mejorar las derivaciones a especialistas y promover la continuidad de los tratamientos.
El proyecto también incorpora medidas relacionadas con la supervisión de establecimientos que prestan servicios de salud mental y con el desarrollo de residencias sociosanitarias destinadas a personas que requieren apoyo prolongado.
Desinstitucionalización e inclusión social
Uno de los conceptos centrales que aparecen en el texto es el de desinstitucionalización. Este aspecto busca avanzar desde modelos de atención centrados en instituciones cerradas hacia sistemas de apoyo que permitan a las personas vivir en la comunidad con mayor autonomía.
Para lo anterior, el proyecto contempla el desarrollo de planes que faciliten la transición hacia modelos de cuidado más integrados en la vida social.
Los desafíos que vienen
Aunque el proyecto fue aprobado en general con amplio respaldo, la discusión legislativa continúa. En las próximas semanas se revisarán indicaciones que pueden modificar distintos aspectos del articulado.
Entre los temas que suelen concentrar mayor debate se encuentran el financiamiento de las políticas públicas, la capacidad del sistema sanitario para implementar los cambios propuestos y la gradualidad de las medidas.
Más allá de su resultado final, la discusión legislativa refleja un consenso creciente sobre la importancia de fortalecer las políticas públicas de salud mental en el país.
Este artículo se ha basado en información proveniente de:
- Senado de Chile, avance del proyecto de Ley Integral de Salud Mental
- Proyecto de Ley Integral de Salud Mental (Boletín N° 17.003-11)
La información publicada es de carácter orientativo y no reemplaza la consulta con un profesional de la salud.
